El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, rechazó la denuncia que derivó en el allanamiento de la sede de la entidad y aseguró en diálogo con LA GACETA que se trata de una presentación “falsa, maliciosa y con claras intenciones políticas”.

El dirigente confirmó que el procedimiento judicial se llevó a cabo a raíz de una denuncia impulsada por el empresario Sergio Gómez Sansone, vinculada a la distribución de compensaciones tarifarias y otros aspectos administrativos del sistema. “Técnicamente no puedo detallar el expediente, pero sí que hubo un allanamiento por una denuncia que, tal cual dicen ustedes, es falsa”, afirmó.

Berretta sostuvo que desde Aetat dieron instrucciones precisas para colaborar con la Justicia. “Los empleados tienen la orden de ponerse a disposición y facilitar todo lo que se requiera. No hay ningún cuestionamiento de nuestra parte”, remarcó.

Allanan la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

El vicepresidente de la entidad también defendió la transparencia en el manejo de los fondos. Explicó que las compensaciones tarifarias “se distribuyen según lo establece la ley y están a la vista de todas las empresas mensualmente”, y detalló que los criterios responden, entre otros puntos, a la cantidad de trabajadores registrados en cada firma.

Jorge Berretta, vicepresidente, de Aetat.

Además, explicó que Aetat nuclea a más de medio centenar de empresas y planteó que, de existir irregularidades, el problema no sería aislado. “Si hubiera alguna defraudación o estafa, involucraría a todas las empresas. Sin embargo, la única que tiene problemas es la que representa Gómez Sansone”, señaló.

Berretta también indicó que el último balance de la asociación fue aprobado incluso por el propio denunciante, lo que, a su entender, refuerza la inconsistencia de las acusaciones. “Hay mucho de falsedad, de malicia y de mentira. No me voy a quedar callado”, enfatizó.

Por otra parte, vinculó la denuncia a disputas internas y externas, al señalar que existen “claras intenciones políticas”, tanto en el plano empresarial como en el ámbito general. “Esto es obra de alguien con intenciones de desestabilizar a una institución con más de 60 años”, expresó.

Finalmente, reiteró que la entidad continuará colaborando con la investigación judicial. “Estamos a derecho y a total disposición de la Justicia para que se esclarezca la situación”, concluyó.